La
expulsión de los jesuitas
El rey fundamentaba
el decreto de expulsión de los jesuitas del 27 de febrero de 1767 en su obligación
de "mantener en subordinación, tranquilidad y justicia los pueblos del
reino" y en "otras causas urgentes justas y necesarias". El conde
de Aranda, militar de profesión y perteneciente a la alta nobleza, nombrado
presidente del Consejo de Castilla a raíz del motín de Esquilache, fue el encargado de organizar la expulsión; preparada
con gran secreto, se llevó a cabo simultáneamente en las ciento veinte casas
que tenía la Compañía en España. Más de dos mil jesuitas (a los que se agregaron
otros tantos de América) fueron embarcados con rumbo a Italia, donde el papa
Clemente XIII los recibió muy a disgusto. Del producto de la confiscación de
los bienes de la Compañía el gobierno les dio una pequeña retribución. Muchos
de los expulsados eran literatos notables. Las monarquías borbónicas no consideraban
cerrada la lucha contra la Compañía con su expulsión de sus respectivos dominios;
querían la abolición total. El rey de España, secundado por los de Francia,
Portugal y Nápoles, presionó fuertemente al papa Clemente hasta obtener su disolución.